El Mañana de valles
Transas en el IMSS e ISSSTE

Transas en el IMSS e ISSSTE


El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) detectó que en 2021 el riesgo de corrupción de las compras públicas aumentó en 75 de 260 instituciones federales que representan 29% del total, y de ellas, existe un "riesgo muy alto" de corrupción en compras de 22 instituciones, entre ellas el IMSS y el ISSSTE.

El Imco desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), una herramienta de análisis que identifica prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de las instituciones federales a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.

Esta información permite realizar un diagnóstico por cada institución federal e identificar las fallas, retrocesos y avances en el sistema de contrataciones en México.

Para este análisis, las instituciones fueron divididas en cuatro categorías según el monto gastado por año. A mayor puntaje, mayor el riesgo de corrupción en compras públicas.

En la categoría de "muy alto" se consideraron las que tienen un gasto mayor a los 3 mil millones de pesos anuales y son aquellas que concentran 82% del gasto federal.

De acuerdo con el Imco, entre las instituciones que gastaron más de 3 mil millones de pesos y que presentan mayor riesgo de corrupción se encuentran el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Casa de Moneda de México, las cuales se ubicaron en la posición número uno y dos en el IRC, con un puntaje de 66 y 65.5, respectivamente.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ubicó en la tercera posición con un puntaje de 51, y en cuarta posición está el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con un puntaje de 50.

Entre las prácticas de riesgo están que 99% de los contratos se adjudicaron directamente, 43% de las compras no tienen contrato y 43% se publicaron tardíamente.

En contraste, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fueron las instituciones que obtuvieron un menor puntaje en el IRC, con 11 y cero respectivamente. Sin embargo, esto no significa que estén libres de riesgos de corrupción en las compras públicas, sino que es la institución con el mejor desempeño con respecto a las 264 instituciones evaluadas.

Dentro de las instituciones con gasto alto (entre 1 y 3 mil MDP) la posición número uno le corresponde a la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas con un puntaje de 89, seguida por el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) que obtuvo 64. Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ocupa la tercera posición con un puntaje de 61 de 100.

La Secretaría del Bienestar se ubicó en la quinta posición con un puntaje de 50 y la Secretaría de Gobernación ocupa la séptima posición con un registro de 47.

Además de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que es la institución de gasto medio con mayor riesgo (56 puntos), dos instituciones de salud destacan por su alto puntaje en este grupo: el Hospital General Dr. Manuel Gea González (55) y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (48).

La Comisión Nacional de Bioética es la institución con mayor riesgo en el IRC, no solo dentro de la categoría de gasto menor a 500 MDP, sino en toda la Administración Pública Federal. En 2021, adjudicó directamente 180 mil pesos y no transparentó ningún documento de contratación.

En segundo lugar, se encuentra el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con un puntaje de 90. En esta categoría también se encuentran el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la Secretaría de la Función Pública y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En 2021, 264 instituciones de la Administración Pública Federal realizaron 173 mil 501 compras públicas por un monto total de 473 mil 391 millones de pesos.

Este análisis no incluye las compras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) porque desde 2015 las contrataciones realizadas por estas instituciones no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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